CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Estudiantes de comunidades serranas de los
municipios de Batopilas, Morelos y Guachochi se encuentran sin clases desde hace
una semana por culpa del crimen organizado, denunció el diputado local del
Partido Nueva Alianza (Panal), Samuel Díaz Palma.
Según el legislador, los narcotraficantes se han dado a la tarea instalar
retenes en Guachochi, con el propósito de cobrar cuotas a los estudiantes. Quien
se niega a pagar, dijo, es amenazado de muerte.
El pasado sábado 24 el legislador se entrevistó con un grupo de 16
profesores, quienes denunciaron la situación ante las autoridades locales, pero
no fueron atendidos porque argumentaron que se trata de un asunto de competencia
federal.
“Nada más se echan la pelotita unos a otros, como siempre”, recriminó Díaz
Palma.
La situación de violencia en la Sierra Tarahumara está sin control desde hace
rato. Los habitantes se han acostumbrado a convivir con el crimen organizado,
pero hay momentos que dicha relación representa mayor riesgo para la población.
Sobre todo, cuando se atreven a denunciar.
Los maestros han denunciado una y otra vez que son amenazados de manera
constante, pero las autoridades nunca han tomado medidas ni les han garantizado
su seguridad.
“Todos sabemos quiénes son, son de la misma región, pero si las autoridades
no hacen nada, nada podemos hacer. Matan y matan y nadie hace nada. Hace unos
días, secuestraron a las esposas de dos comisariados ejidales de comunidades de
Guachochi; pagaron el rescate y nadie hizo nada”, informó.
El diputado indicó que la inseguridad es constante y más desde hace dos años.
Los niños deben caminar dos o tres horas para ir a la escuela, los caminos
siempre son riesgosos y eso dificulta la asistencia de los alumnos.
A ello, denunció, se agrega la situación de enfermedades que las autoridades
aseguran que ya están erradicadas y no se mencionan ni se registran, como la
tuberculosis, incluso hay varios casos de desnutrición; los apoyos no llegan a
las comunidades más alejadas, porque por comodidad, los dejan en las de más
fácil acceso, agregó.
El 4 de mayo de 2011, el diputado Díaz Palma informó que se desató el pánico
colectivo en el magisterio de la zona serrana, por el asesinato de dos
profesores a manos del crimen organizado, en el municipio de Guachochi.
Mario García Fontes y Olga Ramírez Palma fueron “levantados” en su domicilio
por hombres encapuchados, y los encontraron muertos al siguiente día. Esa
situación provocó que los profesores de esa zona solicitaran su cambio de plaza
a la capital del estado.
Mencionó que los docentes incluso querían desertar de municipios como
Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Moris y Uruachi, donde son acosados por
grupos delictivos.
Casi un mes después, el 13 de junio, la profesora Susana Muriel Acosta,
exlíder sindical de la Sección 8 del SNTE y excandidata al Senado por el Panal,
denunció que los maestros de la zona serrana eran víctimas de robos, amenazas,
asaltos y extorsión.
Los delincuentes saben cuándo los maestros reciben recursos como salario,
aguinaldo u otras prestaciones, para robarles y quitarles, a algunos, sus
vehículos. Señaló al municipio de Guachohi como el que tiene mayor índice de
atracos.
Explicó que los robos en la sierra no son denunciados ante la autoridad
porque los criminales regresan para matar a quien lo hace, por lo que los
profesores dan aviso de robos de escuelas al sindicato y éste, a su vez, evalúa
la procedencia de la denuncia para no exponer a maestros y alumnos de las
comunidades.
Fuente: http://ht.ly/fF9WT
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