TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas (Frayba) exigió a los gobiernos federal y estatal brindar
protección y seguridad a 83 indígenas choles –bases de apoyo zapatistas–,
desplazados de sus comunidades en el municipio de Sabanilla por un grupo armado
al servicio del PRI y del Partido Verde.
En un comunicado, el Frayba demandó el desarme del citado grupo, al que
calificó de “paramilitar”, que propició el desplazamiento de 83 indígenas de las
comunidades Comandante Abel y Unión Hidalgo los días 8 y 18 de septiembre. Se
refugiaron en las localidades de San Marcos y Ojo de Agua.
De acuerdo con el Frayba el grupo “paramilitar” apoyado por el PRI y el PVEM
llegó a dichas comunidades y comenzó a hostigar con balazos y con amenazas de
muerte a los habitantes. A punta de balas fueron obligados a abandonar sus
hogares.
El organismo defensor de los derechos humanos denunció que actualmente en el
Nuevo Poblado Comandante Abel se encuentran 22 hombres y cinco mujeres “sitiados
por el grupo armado agresor de Unión Hidalgo y por elementos de la Policía
Estatal Preventiva (PEP), quienes, el día 18 de septiembre, según información
proporcionada al Frayba, realizaron disparos de arma de fuego”.
“El desplazamiento forzado, por el conflicto armado interno en Chiapas,
conlleva consigo múltiples violaciones a derechos humanos: derechos a la
integridad y seguridad personal, dignidad, privacidad, libertad de tránsito y
residencia, propiedad, vivienda adecuada, salud, tierra y territorio”, expuso
hoy el organismo.
El Frayba recordó que estos derechos están contemplados en instrumentos
internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Convenio (No. 169) sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes y otros instrumentos
internacionales.
Agregó que dada la gravedad de la situación, como por el conocimiento que el
Estado tiene de los perpetradores que operan en la zona denunciados por la Junta
de Buen Gobierno: “Nueva Semilla Que Va a Producir”, pidió el cese inmediato de
las agresiones, amenazas de muerte y hostigamiento a las bases de apoyo
zapatista de la comunidad Nuevo Poblado Comandante Abel y Unión Hidalgo por
parte del grupo armado agresor que opera en la zona.
Pidió además que se garantice el respeto a la autodeterminación que tienen
derecho las comunidades bases de apoyo del EZLN.
Fuente: http://ht.ly/dXKUB
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