Pedro Miguel.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exige al Senado que reincorpore a la iniciativa de reforma laboral las previsiones en materia de transparencia y democracia sindical que le fueron amputadas en la Cámara de Diputados por los priístas, con el invaluable auxilio, en comisiones, del priísta de clóset Adolfo Orive Bellinger, trágicamente convertido en diputado plurinominal por los votos de la izquierda. La UNT agrupa a sindicatos independientes y democráticos, como el de los trabajadores de la UNAM, el de telefonistas y los de pilotos y sobrecargos y se opone a las disposiciones realmente lesivas a los trabajadores: el pago por hora, los contratos a prueba y la legalización de esa modalidad contemporánea de tráfico de esclavos llamada subcontratación o outsourcing.
La postura de las cúpulas charras priístas es simétricamente contraria: a la CTM, la CROC y sus dirigentes, respaldados por el máximo dirigente priísta, Pedro Joaquín Coldwell, les tiene sin cuidado que los obreros pierdan derechos y garantías, pero cierran filas para defender la opacidad sindical y los tradicionales mecanismos de sometimiento de los agremiados a los caciques impuestos desde el poder público. Por eso amenazan con iniciar una huelga general (no alcanza toda la risa del mundo para festejar el chiste) en caso de que el Senado restituya los términos originales de la propuesta en lo referente a voto libre, universal y secreto y transparencia financiera en las organizaciones sindicales.
Podría parecer paradójico que el calderonato, con la activa participación del golpeador Javier Lozano, esté promoviendo esas medidas de democracia sindical que han sido enarboladas por las izquierdas desde hace muchos años. No lo es: el panismo aún gobernante heredó del PRI el control corporativo de los sindicatos y se sirvió de él en tanto ejerció (o usurpó) el Poder Ejecutivo. Ahora que va de salida, y una vez que el romance político entre Calderón y la Gordillo terminó en pleito, el panismo busca entregar al PRI un gobierno debilitado mediante la supresión de los mecanismos de control sindical. Se trata de una postura convenenciera y coyuntural. Sin embargo, mal harían las izquierdas en dejar una de sus banderas históricas en manos de los blanquiazules.
Que no haya confusión: el argumento de que la democratización sindical es una trampa de la patronal para intervenir en la vida interna de las organizaciones obreras es insostenible por donde quiera que se le vea. Hoy la circunstancia es propicia para impulsarla.
Aunque lo mejor, lo mejor, sería que la propuesta de reforma laboral del calderonato fuese enviada a la “congeladora” legislativa, que se mantuviera inalterada la Ley Federal del Trabajo, que el Legislativo, por un mínimo decoro democrático, convocara a una Consulta nacional sobre legislación laboral, y que se abriera un lapso de reflexión y debate sobre el papel del trabajo en la economía y en la sociedad mexicanas. Bien puede esperar unos meses más la modificación de una ley que ha permanecido inalterada más de cuatro décadas. El país no tiene prisa. Los que andan apurados son Peña Nieto y Calderón: el primero por cumplirle a sus verdaderos patrones, que son las corporaciones empresariales extranjeras y nacionales, y el segundo por instalar, antes de irse, un alfiler en la silla de su presunto sucesor.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exige al Senado que reincorpore a la iniciativa de reforma laboral las previsiones en materia de transparencia y democracia sindical que le fueron amputadas en la Cámara de Diputados por los priístas, con el invaluable auxilio, en comisiones, del priísta de clóset Adolfo Orive Bellinger, trágicamente convertido en diputado plurinominal por los votos de la izquierda. La UNT agrupa a sindicatos independientes y democráticos, como el de los trabajadores de la UNAM, el de telefonistas y los de pilotos y sobrecargos y se opone a las disposiciones realmente lesivas a los trabajadores: el pago por hora, los contratos a prueba y la legalización de esa modalidad contemporánea de tráfico de esclavos llamada subcontratación o outsourcing.
La postura de las cúpulas charras priístas es simétricamente contraria: a la CTM, la CROC y sus dirigentes, respaldados por el máximo dirigente priísta, Pedro Joaquín Coldwell, les tiene sin cuidado que los obreros pierdan derechos y garantías, pero cierran filas para defender la opacidad sindical y los tradicionales mecanismos de sometimiento de los agremiados a los caciques impuestos desde el poder público. Por eso amenazan con iniciar una huelga general (no alcanza toda la risa del mundo para festejar el chiste) en caso de que el Senado restituya los términos originales de la propuesta en lo referente a voto libre, universal y secreto y transparencia financiera en las organizaciones sindicales.
Podría parecer paradójico que el calderonato, con la activa participación del golpeador Javier Lozano, esté promoviendo esas medidas de democracia sindical que han sido enarboladas por las izquierdas desde hace muchos años. No lo es: el panismo aún gobernante heredó del PRI el control corporativo de los sindicatos y se sirvió de él en tanto ejerció (o usurpó) el Poder Ejecutivo. Ahora que va de salida, y una vez que el romance político entre Calderón y la Gordillo terminó en pleito, el panismo busca entregar al PRI un gobierno debilitado mediante la supresión de los mecanismos de control sindical. Se trata de una postura convenenciera y coyuntural. Sin embargo, mal harían las izquierdas en dejar una de sus banderas históricas en manos de los blanquiazules.
Que no haya confusión: el argumento de que la democratización sindical es una trampa de la patronal para intervenir en la vida interna de las organizaciones obreras es insostenible por donde quiera que se le vea. Hoy la circunstancia es propicia para impulsarla.
Aunque lo mejor, lo mejor, sería que la propuesta de reforma laboral del calderonato fuese enviada a la “congeladora” legislativa, que se mantuviera inalterada la Ley Federal del Trabajo, que el Legislativo, por un mínimo decoro democrático, convocara a una Consulta nacional sobre legislación laboral, y que se abriera un lapso de reflexión y debate sobre el papel del trabajo en la economía y en la sociedad mexicanas. Bien puede esperar unos meses más la modificación de una ley que ha permanecido inalterada más de cuatro décadas. El país no tiene prisa. Los que andan apurados son Peña Nieto y Calderón: el primero por cumplirle a sus verdaderos patrones, que son las corporaciones empresariales extranjeras y nacionales, y el segundo por instalar, antes de irse, un alfiler en la silla de su presunto sucesor.
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