Proponen que civiles y no militares, conduzcan tareas de seguridad pública

MEXICO, D.F. (apro).- A mes y medio de la toma de posesión del priista Enrique Peña Nieto como presidente de México, académicos, expertos y organizaciones sociales rechazaron que se continúe utilizando a las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad pública, como lo hizo el panista Felipe Calderón.

En rueda de prensa para presentar los avances de la conferencia internacional Reforma policial democrática: experiencias y desafíos para la gobernabilidad, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, dijo que los asistentes al encuentro coincidieron en reivindicar la “coordinación civil de la seguridad, pues no hay solución medianamente posible en la conducción militar en un estado democrático de derecho”.

López Portillo destacó que, como lo señalan los instrumentos internacionales, “la intervención militar en la seguridad pública sólo puede ser temporal y en casos extraordinarios, pero siempre bajo la conducción de autoridades civiles”.

Enseguida resaltó “el respeto a los derechos humanos como elemento central de la seguridad”, toda vez que actualmente subsiste una “fractura entre la capacidad institucional y las capacidades sociales, entre gobernados y autoridades, que no permite que las mayorías ejerzan su derecho humano a la seguridad”.


Elena Azaola, también del Insyde, se sumó a las consideraciones de organizaciones de derechos humanos de que en la administración de Felipe Calderón “se incrementaron los actos de tortura y de desaparición forzada y, en algunos casos, se ha confirmado la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y sólo hay dos o tres sentencias, lo que da un mal mensaje e invita a que se sigan cometiendo estos delitos”.

Resaltó que si no se imparte capacitación en derechos humanos a las policías y a los ministerios públicos, “la reforma penal que tendrá que operar en 2016 no tendrá futuro”.

María Elena Morera, presidenta de Causa Común, insistió en la urgencia de desmilitarizar los mandos policiacos, así como el “hacer una evaluación de lo que se ha logrado y qué es lo que falta para proponer a las nuevas autoridades”.

Dijo que en 17 estados los secretarios de Seguridad Pública tienen su origen en las Fuerzas Armadas. “Podrán haber sido muy buenos militares, porque son retirados, pero eso no significa que tengan que ser buenos policías, se tiene que pensar tal vez en una escuela de mandos policiacos a la que acudan tanto militares como civiles”.

También manifestó preocupación por la falta de preparación de las policías en vísperas de que se complete la reforma de justicia penal, en 2016, que será de corte acusatorio y en la que la participación de los uniformados será fundamental, pues tendrán participación en el proceso penal y serán los primeros que recabarán pruebas.

Marcos Pablo Moloeznik, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), urgió a “desmilitarizar la policía” y seguir las recomendaciones de organismos internacionales de dejar la conducción de la seguridad pública a personal civil.

Moloeznik resaltó que existe un grave problema de confianza de los ciudadanos hacia los cuerpos policiacos, lo que ha conducido a que la mayor parte de los delitos no se denuncien. “Cada año se registran 22 millones de delitos pero las autoridades sólo toman conocimiento de 12% de los mismos, de los cuales 90% son del fuero común y 10% de competencia federal”, apuntó el investigador.

Enseguida resaltó la importancia de reconocer los derechos humanos de los integrantes de los cuerpos policiacos, situación que hasta ahora es vulnerada sobre todo en materia de seguridad laboral.

El encuentro fue organizado por la UNAM, Insyde, CIDE, Causa Común, UdeG, Instituto Friedrich Ebert Stiftung, entre otras agrupaciones, a la que asistieron 35 expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua y México.

Entre las primeras conclusiones de la conferencia internacional, apuntó Azaola, destaca la urgencia de “una evaluación integral de los resultado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acompañada de la reforma jurídica que instale la figura de los consejeros ciudadanos independientes en el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.

Además, los expertos coincidieron en que “las acciones de gobierno y sociedad para la profesionalización y modernización policial durante las últimas dos décadas no han servido para construir una relación de confianza entre policía y sociedad”.

Azaola también transmitió la preocupación de los conferencistas de que, hasta el 31 de julio pasado, sólo 49.87% de los más de medio millón de policías cuenta con certificación oficial. De aquella cifra, 62.33% han sido aprobados; 17.52, reprobaron, y 20% están pendientes de definirse su valoración.

 Fuente: http://ht.ly/ex8p9