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| Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial |
17 de octubre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a siete funcionarios, entre ellos tres de esa dependencia y uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes presuntamente formaban parte de una red de informantes del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán.
En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Cuitláhuac Salinas Martínez, dijo que uno de los implicados es el encargado del cuerpo técnico de control de la dependencia a su cargo, Manuel Arroyo Hernández, quien se decía cercano a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.
No obstante, Salinas Martínez deslindó a Morales, al considerar que Arroyo Hernández se presentaba de esa forma ante los grupos delictivos para ganarse su confianza y obtener mejores pagos por la presunta venta de información vinculada con averiguaciones previas, cateos y operativos en contra del cártel de Sinaloa.
También está implicado Juan Carlos de la Barreta Vite, quien trabajó para la SEIDO (antes SIEDO, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y después laboró como empleado administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde también fungió como secretario de estudio y cuenta del ministro Sergio A. Valls Hernández.
De acuerdo con el titular de la SEIDO, continúa la investigación en torno de ese asunto, porque se han encontrado indicios que vinculan a otros servidores públicos.
Agregó que las pesquisas que llevaron a la detención de los siete funcionarios iniciaron en febrero de este año y la consignación se realizó en junio pasado.
“Se lograron tener pruebas contundentes para proceder por lo menos contra siete diferentes servidores públicos involucrados en este tema; de éstos se obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplidas, y fueron ingresados a diferentes centros de reclusión”. Los detenidos son procesados por el delito de delincuencia organizada, señaló el funcionario.
El pasado martes 16, el diario Reforma publicó una nota en la que cita documentos ministeriales y judiciales que señalan SEIDO.
Según dicha información, aquellos le facilitaban información anticipada a Guzmán Loera sobre cateos y pesquisas que la dependencia llevaría a cabo contra el cártel de Sinaloa.
Los documentos también revelaron que operadores de esa organización criminal consiguieron el apoyo de servidores públicos del centro de arraigos de la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La información fue obtenida luego de que dos abogadas de los socios de El Chapo, detenidas a principios de este año, decidieron colaborar con la PGR para evitar la cárcel.
Libre y X –nombres clave de las testigos protegidas– revelaron que el principal publirrelacionista de la organización delictiva era José Gerardo Ortega, yerno del exsecretario de la Marina, Ricardo Ruano Angulo, quien hoy está preso en el penal de Matamoros.
Según la investigación de la SEIDO, en la red de informantes estarían involucrados fiscales federales, mandos del centro de arraigos de la PGR y de la Policía Federal Ministerial, además de un presunto integrante del Cisen y hasta “alguien” que supuestamente es cercano a Marisela Morales, identificado como Manuel Arroyo Hernández.
De acuerdo con la nota de Reforma, los nombres, puestos y filiaciones de los sospechosos habían sido borrados por la PGR en diversos documentos y sólo fueron dejados los de los narcotraficantes que supuestamente sobornaron a los servidores públicos.
Ellos son: Carlos Moreno Flores, La Calentura; Felipe Cabrera Sarabia, El Inge, y Noel Salgueiro Nevárez, El Flaco Salgueiro, principales mandos de El Chapo en Guerrero, Durango y Sinaloa, quienes pagaron las “mordidas”.
Nada sobre captura de la hija de El Chapo
En cuanto a la detención de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán, Cuitláhuac Salinas afirmó que las autoridades estadunidenses mantienen total hermetismo, por lo que no se ha iniciado una investigación.
“Las autoridades norteamericanas han sido muy herméticas con este tema, hasta este momento a nosotros no se nos ha comunicado oficialmente, y evidentemente no es tema de investigación hasta que no tengamos información al respecto”, afirmó el titular de la SEIDO.
Guzmán Salazar fue detenida el pasado 12 de octubre en San Diego, California, y hasta ahora las autoridades estadunidenses no han proporcionado información sobre su situación legal.
MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a siete funcionarios, entre ellos tres de esa dependencia y uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes presuntamente formaban parte de una red de informantes del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán.
En conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Cuitláhuac Salinas Martínez, dijo que uno de los implicados es el encargado del cuerpo técnico de control de la dependencia a su cargo, Manuel Arroyo Hernández, quien se decía cercano a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.
No obstante, Salinas Martínez deslindó a Morales, al considerar que Arroyo Hernández se presentaba de esa forma ante los grupos delictivos para ganarse su confianza y obtener mejores pagos por la presunta venta de información vinculada con averiguaciones previas, cateos y operativos en contra del cártel de Sinaloa.
También está implicado Juan Carlos de la Barreta Vite, quien trabajó para la SEIDO (antes SIEDO, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y después laboró como empleado administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde también fungió como secretario de estudio y cuenta del ministro Sergio A. Valls Hernández.
De acuerdo con el titular de la SEIDO, continúa la investigación en torno de ese asunto, porque se han encontrado indicios que vinculan a otros servidores públicos.
Agregó que las pesquisas que llevaron a la detención de los siete funcionarios iniciaron en febrero de este año y la consignación se realizó en junio pasado.
“Se lograron tener pruebas contundentes para proceder por lo menos contra siete diferentes servidores públicos involucrados en este tema; de éstos se obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplidas, y fueron ingresados a diferentes centros de reclusión”. Los detenidos son procesados por el delito de delincuencia organizada, señaló el funcionario.
El pasado martes 16, el diario Reforma publicó una nota en la que cita documentos ministeriales y judiciales que señalan SEIDO.
Según dicha información, aquellos le facilitaban información anticipada a Guzmán Loera sobre cateos y pesquisas que la dependencia llevaría a cabo contra el cártel de Sinaloa.
Los documentos también revelaron que operadores de esa organización criminal consiguieron el apoyo de servidores públicos del centro de arraigos de la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La información fue obtenida luego de que dos abogadas de los socios de El Chapo, detenidas a principios de este año, decidieron colaborar con la PGR para evitar la cárcel.
Libre y X –nombres clave de las testigos protegidas– revelaron que el principal publirrelacionista de la organización delictiva era José Gerardo Ortega, yerno del exsecretario de la Marina, Ricardo Ruano Angulo, quien hoy está preso en el penal de Matamoros.
Según la investigación de la SEIDO, en la red de informantes estarían involucrados fiscales federales, mandos del centro de arraigos de la PGR y de la Policía Federal Ministerial, además de un presunto integrante del Cisen y hasta “alguien” que supuestamente es cercano a Marisela Morales, identificado como Manuel Arroyo Hernández.
De acuerdo con la nota de Reforma, los nombres, puestos y filiaciones de los sospechosos habían sido borrados por la PGR en diversos documentos y sólo fueron dejados los de los narcotraficantes que supuestamente sobornaron a los servidores públicos.
Ellos son: Carlos Moreno Flores, La Calentura; Felipe Cabrera Sarabia, El Inge, y Noel Salgueiro Nevárez, El Flaco Salgueiro, principales mandos de El Chapo en Guerrero, Durango y Sinaloa, quienes pagaron las “mordidas”.
Nada sobre captura de la hija de El Chapo
En cuanto a la detención de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán, Cuitláhuac Salinas afirmó que las autoridades estadunidenses mantienen total hermetismo, por lo que no se ha iniciado una investigación.
“Las autoridades norteamericanas han sido muy herméticas con este tema, hasta este momento a nosotros no se nos ha comunicado oficialmente, y evidentemente no es tema de investigación hasta que no tengamos información al respecto”, afirmó el titular de la SEIDO.
Guzmán Salazar fue detenida el pasado 12 de octubre en San Diego, California, y hasta ahora las autoridades estadunidenses no han proporcionado información sobre su situación legal.
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