MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto requerirá de montos
adicionales hasta por 800 mil millones de pesos anuales para cumplir los
compromisos adquiridos en materia de política social, advirtió hoy el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).
En su mensaje semanal, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani
señaló también que la próxima administración deberá buscar que la inversión
pública suba del 5 al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de 170
mil millones de pesos.
Mediante un comunicado, la cúpula empresarial aplaudió la publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) del Reglamento de la Ley de Asociaciones
Público Privadas (APP), con la cual aseguró que “se abre una gran ocasión para
relanzar con fuerza la inversión en México, a partir de un plan robusto e
integral de infraestructura”.
A decir del organismo empresarial, la aprobación de esta ley permitirá
liberar recursos y destinar mayores partidas presupuestales para fines con mayor
rentabilidad social.
Esto beneficiará, dijo, a las inversiones públicas y privadas de la siguiente
manera: Se reducirán los costos de riesgo y construcción y se ampliarán las
fuentes potenciales de financiamiento, con certidumbre para la inversión, mayor
eficiencia y rapidez en la preparación de proyectos, y menos tiempo de ejecución
e implementación.
Según el CCE, en los últimos 30 años la inversión pública ha disminuido
“dramáticamente”, dejando rezagos en diferentes áreas como vivienda, transporte,
hospitales, investigación y desarrollo, escuelas, bibliotecas, infraestructura
penitenciaria, desarrollo turístico y el sector energético.
Ante esta situación, Gutiérrez Candiani planteó al próximo gobierno un Plan
Nacional de Infraestructura, que dé continuidad al del sexenio que concluye,
complementando sus proyectos prioritarios inconclusos, pero eso sí, con metas
aún más ambiciosas y sustentadas en una alianza estratégica entre el sector
público y el sector privado.
“Ir como socios, por México, con el potencial de generar 11 millones de
empleos en el sexenio y por lo menos crecer al 6% anual del PIB anual de manera
sostenida”, explicó el Consejo Coordinador Empresarial que tiene como asociados
a las principales cámaras industriales, comerciales, del sector servicios y a
los banqueros.
Fue más allá: “Esta es la proyección que puede tener la apuesta firme por la
infraestructura, eliminando restricciones que reproducen el estancamiento y
sumando fuerzas con las asociaciones público-privadas”.
El CCE dio cifras sobre las inversiones que se detonarían en el próximo
sexenio, a partir de este esquema:
Para mantener el nivel de inversión pública en infraestructura del 2012,
estimó que se requieren más de 584 mil millones de pesos; sin contar el
segmento energético, son más de 260 mil millones, el 1.7% del PIB.
También aseguró que casi la totalidad podría cubrirse con recursos del sector
financiero: más de 240 mil millones de pesos, disponibles para asignarse a
proyectos con una adecuada relación de riesgo-rendimiento.
“Todo esto sin contar con el potencial en inversión extranjera directa y los
recursos que hay invertidos en las afores, casi 1.8 billones de pesos, 12% del
PIB. Una parte importante puede ser invertida en proyectos que aceleren el
progreso de México, generando a la par empleos y altos rendimientos para el
ahorro de los trabajadores”, aseguró la clase empresarial.
La Ley de Asociaciones Público Privadas entrará en vigor en los días en que
el nuevo gobierno tome posesión, lo que para los empresarios significa que “las
piezas necesarias para acelerar el crecimiento en México se están acomodando en
su sitio”.
Sólo hacen falta otras piezas que los empresarios han buscado en los últimos
años: como la reforma hacendaria, educativa, energética y que se concrete la
reforma laboral. Es decir, las llamadas reformas estructurales.
Fuente: http://ht.ly/feFVH
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