Las miles de personas que marcharon ayer en esta capital en contra de la iniciativa preferente de reforma laboral enviada por Calderón al Congreso representan un primer frente de resistencia a lo que podría implicar –en caso de aprobarse en Sán Lázaro y posteriormente en el Senado— un retroceso inadmisible en materia de derechos y conquistas históricas de los trabajadores.
Es importante recordar que, aunque en las semanas recientes el gobierno federal, su partido y sus medios afines han intentado generar una matriz de opinión según la cual la reforma laboral representaría un avance fundamental en materia de democracia y transparencia sindicales –elementos que, por cierto, nuncha estuvieron en la agenda del calderonismo más que como pretexto para hostilizar gremios críticos e independientes—, el motivo fundamental de la iniciativa presidencial, redactada bajo la tutela de los intereses patronales, pasa por satisfacer el viejo reclamo empresarial de flexibilizar el marco regulador de las relaciones del trabajo y legalizar prácticas que, como ocurre con el llamado outsourcing, se encuentran actualmente en un limbo jurídico, sino es que en la abierta ilegalidad. Así, la mejor descripción de cuantas se han hecho recientemente del cariz y el objetivo de la referida reforma no provino de algún funcionario del calderonismo, ni de una entidad empresarial ni de un legislador, sino del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens: “Se necesita la flexibilización de contratación, pero también la flexibilización para despedir trabajadores, sin que sea tan costoso para la empresas”.
La reforma laboral, pues, forma parte, junto con la fiscal y la energética, del plan de profundización neoliberal esbozado hace unos meses por Enrique Peña Nieto, con la salvedad de que ha sido formalmente presentada bajo el cobijo del calderonismo, acaso como parte de un canje cuyos términos son aún inciertos y que ayudaría al priísta a reducir el costo político que suelen generar este tipo de iniciativas. No en vano el ex mandatario mexiquense ha reiterado, en el marco de su gira por Sudamérica, el respaldo a la reforma laboral de Calderón, a pesar de las críticas formuladas en contra de ésta incluso por algunos dirigentes gremiales de su propio partido.
Así pues, la disputa entre los impulsores de esta reforma y el amplio núcleo sindical y cívico que se opone a ella representa, para efectos prácticos, un primer pulso entre los afanes restauradores del grupo en el poder y la ciudadanía, y una continuación de la lucha que desarrolló la sociedad organizada en contra de la imposición del político mexiquense en la Presidencia de la República. Es necesario por ello que los sectores lúcidos y comprometidos de la población se informen, en primer lugar, sobre el contenido, los alcances y las implicaciones de la reforma laboral, y difundan tales elementos entre el conjunto de la ciudadanía. En el peor de los casos, y si el aval legislativo de la contrarreforma es algo ya consumado –como han denunciado las fuerzas partidistas de izquierda en San Lázaro—, es necesario, cuando menos, que ésta sea exhibida ante la opinión pública como lo que es: la punta de lanza de una nueva ofensiva antinacional del grupo gobernante y el avance de un proyecto restaurador y contrario al espíritu y la letra de la Constitución.
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