Las miles de personas que marcharon ayer en esta capital en contra de la iniciativa preferente de reforma laboral enviada por Calderón al Congreso representan un primer frente de resistencia a lo que podría implicar –en caso de aprobarse en Sán Lázaro y posteriormente en el Senado— un retroceso inadmisible en materia de derechos y conquistas históricas de los trabajadores.
Es importante recordar que, aunque en las semanas recientes el gobierno federal, su partido y sus medios afines han intentado generar una matriz de opinión según la cual la reforma laboral representaría un avance fundamental en materia de democracia y transparencia sindicales –elementos que, por cierto, nuncha estuvieron en la agenda del calderonismo más que como pretexto para hostilizar gremios críticos e independientes—, el motivo fundamental de la iniciativa presidencial, redactada bajo la tutela de los intereses patronales, pasa por satisfacer el viejo reclamo empresarial de flexibilizar el marco regulador de las relaciones del trabajo y legalizar prácticas que, como ocurre con el llamado outsourcing, se encuentran actualmente en un limbo jurídico, sino es que en la abierta ilegalidad. Así, la mejor descripción de cuantas se han hecho recientemente del cariz y el objetivo de la referida reforma no provino de algún funcionario del calderonismo, ni de una entidad empresarial ni de un legislador, sino del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens: “Se necesita la flexibilización de contratación, pero también la flexibilización para despedir trabajadores, sin que sea tan costoso para la empresas”.
